Friday, May 27, 2016

Del derecho a no respetar

Quizás haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones”. Jorge Luis Borges (1899 – 1986) escritor argentino.

¿Se habrían imaginado a Einstein o a Sócrates, a Locke o a Foucault, decir: “Si no estás de acuerdo conmigo, respeta”? Exigir el respeto de una idea u opinión en una discusión es muy común en quienes no pueden defenderla; y confunden el respeto de su persona (que a todas luces e incondicionalmente merecen) con el respeto de su idea u opinión. No todas las ideas u opiniones son respetables y, la mayoría de las veces, simplemente, porque no están sustentadas. Sería como decir que todos los libros son respetables. Difícilmente, entendiéndose el respeto como miramiento, consideración o deferencia, pues muchos carecen, por ejemplo, del rigor de una investigación o del sentido lógico que debería caracterizar al argumento central.

Ni los autores en general ni quienes escribimos columnas de opinión tenemos que tener la razón, pero sí que sustentar nuestras posiciones, sean o no acertadas a la luz de nueva información o de una perspectiva más clara ofrecida por otra persona; e independientemente del espacio en que escribimos. O dónde estaría el decoro, como suele implorar Cicerón (jurista) en su «Sobre los deberes» (44 a.C.). En realidad, no concibo una forma de escribir distinta del análisis o la argumentación; o cualquiera podría –especialmente en un país colmado de fanatismo, lo mismo político como religioso– escribir lo que le dé la real gana y poca o ninguna sería su contribución para la libertad del pensamiento o para el conocimiento como pieza fundamental del proceso de liberación del individuo.

El pedagogo e influyente teórico de la educación (también uno de los grandes escritores del siglo XX, junto a Erich Fromm), Paulo Reglus Freire (1921-1997), escribió en 1976 en su libro «Política y Educación»: “El derecho a criticar, y el deber al criticar de no faltar a la verdad para apoyar nuestra crítica, es un imperativo ético de la más alta importancia en el proceso de aprendizaje de nuestra democracia”. También fue enfático en la obligación de conocer el objeto de nuestra crítica: “No puedo apoyar mi crítica sobre el pensamiento de A en lo que oí de B decir de A; ni siquiera en lo que leí sobre A y B, sino en lo que yo mismo leí e investigué de su pensamiento”.

Es entonces irrelevante que el objeto de nuestra crítica o su autor nos guste o disguste, corriendo el riesgo de incurrir en una falacia «ad hominem» (tomar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de ella). Sin embargo, a menudo vemos en las redes sociales y también en los medios cómo critican a una persona cuyo pensamiento desconocen o a un libro que jamás leyeron o del cual leyeron solamente un fragmento y, con base en ello, establecen un argumento o profieren un juicio de valor sobre el autor o su texto que, por lo mismo, no pasará de ser un prejuicio. No es ético y mucho menos democrático porque impartimos un conocimiento fuera de su contexto (hace imposible la comprensión).

De ahí que el consagrado derecho a la libertad de expresión esté fundamentado no solamente en un rechazo al silencio de los pueblos sino también al uso de la información en contra de la soberanía de las naciones o para la difusión de información manipulada o no veraz (cosa muy común en la televisión). En fin: en la búsqueda de la verdad.

La democracia, empero, no se construye falseando la verdad y “si mi apatía por A o B” –continúa Freire– “provoca en mí un malestar que va más allá de los límites, que me imposibilita o, al menos, me dificulta leerlos, debo obligarme a una posición de silencio con relación a lo que escriben”. Pero no solo eso: “(…) también debo criticarme por no ser capaz de superar mis malestares personales” sumándome a la fila de quienes “hablan por hablar por lo que oyeron decir”. Es entonces cuando toma forma la célebre máxima de Sócrates (también distinguido pedagogo): «Conquístate a ti mismo», que también pertenece al filósofo chino Confucio; u originalmente a Siddhartha Gautama Buda (s. IV a.C.).

Me apena decir que los medios de comunicación en Colombia distan varios kilómetros de distancia de la ética de la profesión o de la verdad que como profesionales de la información les atañe investigar, descubrir, declarar y defender; a excepción de unos pocos. La construcción de la democracia, sin embargo, comienza por proclamar la verdad como base de la libertad: “el tesoro más preciado que a los hombres dieron los Cielos y, por ella” –amigos– “se debe aventurar la vida” (Miguel de Cervantes Saavedra). De ustedes, solícitamente, un Quijote en busca de que lo ideal se integre a la vida aunque tenga que depender de lo real maravilloso al estilo de nuestro Gabriel García Márquez; por lo que con fervor invito a solidarizarse con estas expresiones a todo aquel que desee estirar cada vez más la distancia entre Macondo y una mejor Colombia.

Colofón: A los postulados pedagógicos de Freire se suman, en esencia, los de Edgar Morin (Francia; Universidad Pantheón-Assas) en su «Los 7 saberes necesarios para la educacióndel futuro (Unesco)»; los de Noam Chomsky (Estados Unidos; MIT) en su «Sobre democracia y educación» (Vol. I y II); y los de Henry Giroux (Estados Unidos; Universidad de Pensilvania) en su «La escuela y la lucha por la ciudadanía». Sin descartar a otro muy conocido: Michel Foucault (Collège de France).
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Esta columna fue publicada por Semana.com:

Thursday, May 5, 2016

Alejandro Ordóñez: entre el instinto y la razón

“Llegará el día en que el resto de la creación animal podrá adquirir esos derechos que nunca pudieron ser alejados de ellos más que por la mano de la tiranía". Jeremy Bentham (1748-1832) jurista y filósofo inglés.

Antes, es necesario aclarar que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, no se opone a la protección de los animales y, a propósito, no solo aclaró que “merecen protección” sino también que el Estado debe protegerlos (si bien deja entrever una razón relativamente mezquina: porque sirven para ciertos fines; transporte e investigación científica, por ejemplo). En lo que se equivoca, sin embargo, es en que estén lejos de ser «sujetos de derecho» en el marco del Derecho internacional, es decir, de dejar de ser «cosas» para pasar a ser considerados como «personas», así no lo sean, al menos no biológicamente, como tampoco lo somos nosotros política o socialmente, sino biológicamente y, los animales, intelectual y socialmente. (San Francisco de Asís y Mahatma Gandhi lo tenían claro.)

La Procuraduría adujo, en su reclamo a la demanda de inconstitucionalidad que busca suprimir el calificativo «cosas», que “la Corte Constitucional debe producir una sentencia inhibitoria por ineptitud sustantiva de la demanda”. Hablemos, primero, de la ineptitud del reclamo.

¿No conoce la Procuraduría la figura jurídica «persona no humana» postulada en España y Estados Unidos (entre otros países) para ser concedida a ciertas especies de animales que cumplen con procesos cognoscitivos iguales o similares (según la especie) a los del ser humano? Se trata de primates y cetáceos en general y del elefante. ¿Tampoco conoce la Procuraduría la Declaración Universal de los Derechos de los Animales que los eleva a la misma categoría del hombre en términos del uso y goce de no pocos derechos, pero especialmente del derecho a no ser siquiera explotados económicamente?

Honorable (si bien ya no tanto) Procuraduría: hasta en uno de los documentos legales más antiguos de la historia, también la más importante recopilación del Derecho, como lo es el Corpus Iuris Civilis de Justiniano I (donde se exalta la naturaleza de las «cosas» o bienes en general, muebles e inmuebles) se establece: “El derecho natural es aquello que es dado a cada ser vivo y que no es privativo del género humano” –léase: «exclusivo»– “sino de todos los animales”. ¿Acaso podría faltar una razón de otra índole? Quizás.

¡Darwin ya lo sabía!

El cientificista y naturalista británico Charles Darwin, cuyos descubrimientos aún forman parte esencial de la biología como ciencia, escribió en 1871: “Es un hecho significativo que, cuanto más se estudian las acciones de los animales, más se atribuyen a la razón y menos al instinto (…) Mr. Colquhoun, por ejemplo, hirió a dos patos que cayeron de un lado del riachuelo y su Labrador retriever intentó llevar consigo a ambos a la vez, pero no pudo; entonces se detuvo y, aunque nunca jamás había desordenado siquiera una sola pluma de las presas que cobraba, mató deliberadamente a uno de los patos; llevó el herido y regresó por el muerto (…) Los perros, después de reflexionar, infringieron una costumbre aprendida: no matar la caza, reflejando la fuerza que puede tener el razonamiento (…) Presento dos casos de testimonios independientes”. Ni hablar de los ejemplos que coloca de los elefantes: ¡resuelven rompecabezas de gran complejidad elaborados por el hombre! “Estas acciones difícilmente pueden atribuirse al instinto o a una costumbre heredada, pues le serían de poca utilidad al animal en su estado natural”, puntualiza uno de los pioneros de la biología.

Charles Darwin concluyó (como lo sostienen hoy psicólogos y pedagogos) que la imaginación (hemisferio derecho del cerebro) es un presupuesto de la razón (hemisferio izquierdo) y, siendo que también los animales experimentan “sueños vívidos” –dice– “hemos de admitir que gozan de la capacidad de imaginar” y, por lo mismo, “también de razonar”. (págs. 82-165; Comparación de la capacidad mental del hombre con los animales; Primera Parte; El origen del hombre; Editorial Crítica, 2009).

Quizá ya no sea la razón lo que nos distingue de la fauna, siendo que esta –y, según algunos, también la flora (tras exhibir una aparente comunicación electroquímica)– demuestra procesos racionales complejos. Quizá sea, en fin, señor Procurador, nuestro modo particular de relacionarnos con los demás y con todo en general: desde los procesos sociales hasta los procesos de paz. Mientras la naturaleza lo hace siguiendo a la perfección las parábolas del Evangelio, el hombre lo hace siguiendo a la perfección los pasajes del Antiguo Testamento.

La Procuraduría, por su parte, se fue lanza en ristre contra la demanda de inconstitucionalidad amparándose en el tenor literal de un antiquísimo código: artículo aquí, artículo allá; muebles aquí, inmuebles allá, semovientes acá. Señor Ordóñez, ¿cuál es el nombre del poder que tiene la Edad Media sobre usted para defender a perpetuidad la ignorancia y el oscurantismo, es decir, la oposición sistemática a la difusión del conocimiento y la cultura?

¿En quién recae, en fin, la ineptitud; o el instinto y la razón? Le recomiendo ejercitar más lo segundo que lo primero, sobre todo si su instinto en esta materia, como también en otras, responde a la religión de que hace parte. Recuerde que, si bien el partido político, la ideología o la religión a la que pertenece no ha de obstar para ser electo o nombrado o para ostentar un cargo, sí para todas las actuaciones que ejerza en nombre del Estado. ¡Espabílese o, simplemente, no interfiera!
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Ser Pilo Paga, o discrimen de Estado

La discriminación, el entendimiento incompleto y fragmentario, siempre se encuentran en el punto de partida del conocimiento humano. Masanobu Fukuoka (1913 - 2008) biólogo y filósofo japonés.

La «discriminación» se define como «selección excluyente» o «trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos o de género» (Real Academia Española). ¿De qué otra forma podría entenderse el afamado programa Ser Pilo Paga (SSP) que en adelante constituirá una política de Estado según anunció el presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón? ¿O no son los pilos los únicos beneficiarios del programa, es decir, el 1% de la población nacional?

En entrevista con Semana Educación la senadora Claudia López expuso con claridad cómo funciona el programa cuyo atropello la ciudadanía no tiene la instrucción necesaria para explorar. En resumen: el presupuesto nacional, suficiente para abastecer de educación a toda la población (Presupuesto Nacional), se dilapida cada vez más tras destinarse únicamente a la financiación de la educación de personas sobresalientes que pertenecen a los niveles I y II del Sistema de Clasificación de Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Personas sobresalientes en una categoría socioeconómica superior al nivel II o personas no sobresalientes en una categoría socioeconómica inferior al nivel III no tienen derecho a la educación superior (salvo sean pudientes, pero en ese caso gozan de un privilegio, no de un derecho). Estamos hablando del 85% de la población nacional, según la Secretaría de Planeación. Si eso no es privilegiar el derecho a la educación de una ínfima minoría (sobresalientes sin recursos) a expensas del derecho a la educación (básica incluida) de una inmensa mayoría (no sobresalientes sin recursos); si eso no es un tratamiento aborreciblemente excluyente; si eso no constituye un discrimen de Estado: ¿qué es?

A este discrimen se suma otro que también hace parte del mismo programa: la financiación de las universidades privadas (que no la necesitan) a expensas de las universidades públicas (que sí la necesitan). El déficit de estas últimas es de 11,2 billones de pesos colombianos según el informedel Sistema Universitario Estatal de Colombia (2013).

El problema de la recién anunciada política pública es, no obstante, uno encima de otro: el originario. Según nuestra Constitución Política y también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la educación es un derecho de la persona y el Estado está en la obligación de garantizarla “a todos por igual” (por necesidad lógica: implica la misma calidad). A eso que debe ser ofrecido de modo incondicional en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) que lo establecen como una concesión inalienable (siendo inherente al desarrollo humano) el Estado colombiano le impone dos condiciones (léase «restricciones»): ser pudiente y, ahora y para siempre, también sobresaliente o, por entrar en la nomenclatura del discrimen de Estado en mención: «pilo» (según criterios de evaluación ampliamente cuestionados por pulcros expertos en la materia, como Julián deZubiría, Víctor Manuel Gómez o María Patricia Asmar).

En virtud de la necesidad y de la ignorancia que Colombia padece, resulta sensacionalmente atractiva la consigna «Ser Pilo Paga». Las clases bajas pensarán que para gozar de un derecho universal no basta con formar parte de la especie humana: están en la obligación fabricada e injustificada de sobresalir intelectualmente. Es como garantizar el derecho a la salud solo a quienes demuestren encontrarse en un estado óptimo de salud. ¿Se hace claro el cinismo? La ciudadanía, empero, no tiene claridad sobre sus derechos o los mecanismos de acción para defenderlos; tampoco conoce el flujo de caja del Estado o cómo funciona, exactamente, el discriminador programa; no tiene, en fin, la verdad en sus manos y de ahí que acepte las limosnas que le ofrece el Estado mientras algunos se hacen cada vez más millonarios con la discriminación que ahoga la igualdad social en el abrevadero del interés privado.

Juan Manuel y Gina: regodearse hablando de Ser Pilo Paga o de la educación en general ejerciendo una práctica contraria a su naturaleza inalienable no es un ejercicio incompleto e hipócrita, sino opresor: la exclusión nos deja como siervos o campesinos medievales atados al feudalismo inamovible bajo la nobleza tirada de los hilos del rey. Por eso no cuajan las pretensiones financieras del Estado con la valoración moral de un derecho y mucho menos su caracterización ‘rifaresca’ mediante el eufemismo cínico o burlesco "política pública" (más bien "lotería nacional", y exclusiva).

¿Acaso no traicionamos los postulados éticos de la educación que establecen su gratuidad para poder ser el vivo ejemplo de un catálogo de derechos de quienes lo esgrimieron como una realidad encarnada en el registro moral e imborrable de la historia humana? ¿Por dónde se cuela entonces el discrimen que clasifica la educación como privilegio juntando poder y capricho para, como termitas hambrientas, carcomer el bienestar de un pueblo? ¿Cuál es el nombre del poder que tiene el sector privado sobre nosotros para, en razón de la defensa de la ignominia, arrastrar nuestra ética y la probidad de nuestra administración pública? Si la prevaricación (delito contemplado en nuestra legislación penal) se define como «una actuación contraria al Derecho por parte de un funcionario público a sabiendas de la arbitrariedad o injusticia de su actuación», el Estado colombiano –y el Ministerio de Educación– podría ser enjuiciado por tal motivo: recrudecer la restricción del acceso a un derecho universal dilapidando los recursos públicos.

Exclusión análoga

Siendo que el derecho a la salud no es, en modo alguno, diferente, sino también un negocio de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) gracias a la Ley 100 de 1993 (bajo la cual se produjeron 1,427,535 muertes «evitables» entre 1998 y 2011 según el informe No. 3 del Ministerio Nacional de Salud presentando ante el Congreso en 2014 por el Observatorio Nacional) la república de Colombia está en mora de declararse un «Estado privado de Negocio», no un «Estado social de Derecho» como trova la cada vez más prostituida Constitución Política con las alhajas: «democrático», «participativo» y «pluralista»; entre otros adornos aparenciales carentes de ejemplo práctico.

En 1998 ante la XIV Cumbre de Presidentes del Mercosur, el abogado y libertador sudafricano Nelson Mandela (1918-2013) expuso la idea de «democracia social» con una frase que se ha hecho célebre: “Si no hay comida cuando se tiene hambre; si no hay medicamentos cuando se está enfermo; si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento”.

El Estado volvería a prevaricar este año, según anunció Gina en enero, habiendo prometido 227.000 millones de pesos para la segunda etapa de la lotería nacional: "Ser Pilo Paga II". Mientras con ese dinero podría financiarse la educación de más de 40.000 colombianos, el gobierno nacional beneficiará únicamente a 12.505, es decir, únicamente a los "pilos". Los demás: ‘quién les manda a no sobresalir intelectualmente’. El derecho a la educación superior en Colombia es de los dotados, como la salud de los pudientes.
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